Con la finalidad de que se den a conocer los riesgos a la salud que pudieran ocasionar el consumo de semillas transgénicas, así como que se informe a la ciudadanía sobre el trámite, los criterios empleados y los requisitos que deban cumplir, previo a la autorización para el cultivo experimental de dichas semillas en el territorio nacional, la diputada Brenda Ríos Prieto, presentó una iniciativa de Punto de Acuerdo para lograr el mencionado fin.
La legisladora, Cordinadora del Grupo Parlamentario del Pertido Verde Ecologista, dijo que la propuesta esta dirigida a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a quienes además les ha solicitado lleven a cabo un encuentro informativo con los integrantes de las Comisiones Legislativas de Desarrollo Rural y de Ecología y Medio Ambiente, así como con las organizaciones ciudadanas involucradas, a efecto de brindar mayor orientación sobre esta temática
Por otra parte, dentro de dicha propuesta, convoca al Gobierno Federal, para que emprenda programas y acciones tendientes a fomentar la protección y el mejoramiento de las razas nativas de maíz mexicano, en aras de proteger al sector agropecuario, especialmente a los pequeños productores y a las comunidades indígenas que dependen económicamente de esta actividad.
Todo lo anterior en base a las siguientes consideraciones:
Desde octubre de 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han otorgado numerosas autorizaciones para llevar a cabo siembras experimentales de maíz transgénico en territorio nacional; en Chihuahua los dictámenes vinculantes emitidos, contemplan autorizaciones para los Municipios de Delicias, Jiménez, Cuauhtémoc y Namiquipa.
Desde ese mismo año, el Partido Verde manifestó su inconformidad ante el manejo e interpretación que tales dependencias hicieron sobre las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, mismas que no son tomadas en cuenta por las autoridades federales; asimismo, se denunció la opacidad en los criterios y la nula información sobre las autorizaciones concedidas para siembra de insumos transgénicos, además de que no se aplicaron los principios precautorios consagrados en la Declaración de Río de Janeiro, el cual también es eje rector del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad que México ratificó desde el año 2000. Estos principios establecen, que cuando haya peligro de daño grave o irreversible y falta de certeza científica absoluta, no deberá utilizarse determinada técnica y deberá postergarse su uso hasta que se tengan medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
La inobservancia de los principios establecidos en dichos instrumentos, hoy se traducen en la falta de control o un inventario sobre el número y tipo de cosechas a base de estos organismos.
No debemos fomentar ni consentir la prevalencia de intereses particulares ni las violaciones a la Ley en perjuicio del medio ambiente y en detrimento de la soberanía alimentaria de los mexicanos; si el maíz transgénico contamina las plantas “madre”, de las cuales surgen las especies nativas de cada región, esto nos llevaría a un desastre de proporciones mayúsculas en materia de seguridad alimentaria.
Al amparo de este antecedente, resulta prioritario pasar a una nueva fase en la que se contemple una revalorización del maíz en todo el territorio nacional, como eje rector de la sustentabilidad de las comunidades rurales dependientes de la agricultura.
La investigación científica ha demostrado que es una falacia asegurar la armónica coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos, ya que al ser los primeros sembrados fuera de laboratorio, aun y de conformidad con la regulación ambiental, es imposible controlar a los insectos, las corrientes de aire y el traslado del polen.
Reconocemos los beneficios que aporta la ingeniería genética a la humanidad, pero rechazamos el uso indiscriminado de material transgénico en el país, más aún cuando se carece de certeza en cuanto a sus efectos nocivos a la salud humana y al medio ambiente, en razón de la ausencia de información precisa sobre el contenido de las semillas y sus posibles efectos en el cuerpo humano derivados de la ingesta, situación que deja al consumidor en total estado de indefensión.
Estimamos que las autoridades de todos los niveles han ignorado la alerta de la comunidad científica internacional sobre el riesgo que corre nuestro país, centro de origen y diversidad genética del maíz, de ser invadido y en consecuencia contaminado por este tipo de organismos, como ejemplo tenemos la desestimación de la demanda de campesinos y ecologistas para el establecimiento inmediato de la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México.
De acuerdo a los principios que nos rigen como instituto político, los ecologistas no podemos aceptar los argumentos esgrimidos tanto por las autoridades federales como por empresas que se dedican a la importación de estos organismos modificados, los cuales aluden a supuestas ventajas como la reducción en costos de producción y la mejora de las propiedades nutricionales; ya que los consideramos erróneos e insuficientes para otorgar sustento a la expedición de permisos de siembra y comercialización de transgénicos.
